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Servicio sanitario

Escrito por angie el 18 marzo, 2012

 

 

El sistema de financiación autonómico que estableció el último Gobierno del PP debería asegurar que se ofreciera al menos la misma atención que venía prestando el In salud.

La cual gestionaba el servicio sanitario para las 11 comunidades, Ceuta y Melilla, que no tenían las competencias.

Pero enseguida se vio que no era así. Martínez Olmos señala que aquel modelo fue superado de inmediato, porque, entre otras cosas, fijaba la aportación a las comunidades con datos de 1999, aunque las transferencias se completaron tres años después.

Ya en 2004, la primera Conferencia de Presidentes arrancó del Gobierno central la promesa de incrementar la financiación: en total, 9.800 millones de euros extra hasta 2009.

A los que habría que sumar otros 5.000 millones que Pajín calcula que las comunidades han ahorrado gracias a políticas como las rebajas de los precios de los medicamentos o los recortes en los salarios del personal.

Pese a estas medidas, el déficit actual del sistema, una cifra difícil del calcular, está entre los 15.000 y 20.000 millones de euros, según calcula el Foro de la Profesión Médica.

Este descuadre está siendo soportado por los proveedores. Como por ejemplo, los laboratorios o los proveedores de tecnologías sanitarias.

A estos tradicionales acreedores, las comunidades siempre han tenido deuda con ellos, aunque esta haya aumentado un 270% desde 2007 en el caso de Fenin, por ejemplo, se han unido ahora las farmacias.

Todavía el importe que se les adeuda es pequeño, si se compara con los otros grandes proveedores, unos 400 millones, de acuerdo con los cálculos a finales de septiembre de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles llamada Fefe.

La cual estima que a finales de año serán 1.200 millones y afectará a prácticamente todas las comunidades.

Pero han sido la voz de alarma porque se trata de un sector que normalmente no sufría los impagos, es el estamento sanitario más cercano a la población, hay más de 21.000 repartidas por toda España.

Y cada día atienden a unos dos millones de personas, según Martínez Olmos, y las oficinas de farmacia son pequeñas empresas familiares, que tienen mucho más difícil renegociar la deuda.

La solución a medio plazo no parece fácil. El debate, además, tiene la desventaja de que parte de premisas que no están claras.

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, menciona los mitos del sistema. Entre ellos está el que afirma que el sector privado es más eficiente en la gestión.

Ella lo niega, y pone el ejemplo de Holanda. Este país dedicaba en 2006 el 9,8% de su PIB a la atención sanitaria, mientras que España dedica algo menos, si se suma al 6,5% del sector público otro 3% del privado.

La salud es barata

Escrito por angie el 11 marzo, 2012

 

 

El sistema sanitario público español da buenos resultados a un costo menor que la media de la UE. La falta de financiación ha llevado a las Administraciones a acumular un déficit desmedido.

Bajo ningún concepto 70.000 millones de euros es poco dinero. Pero eso es lo que costó en 2009 el sistema sanitario público español, según el Ministerio de Sanidad. La cifra representa aproximadamente el 6,5% del PIB, cuando en 2004 era el 5,4%.
Un aumento (el mayor de la OCDE si se mide en euros por habitante) que fue fácil de sostener en las vacas gordas, pero que ahora se pone en duda. Algunas comunidades, como Cataluña, han emprendido el camino contrario, recortando servicios.

Del mismo modo Madrid prevé invertir menos en los centros públicos. A cambio, el país tiene unos índices sanitarios entre los mejores de la OCDE y de la UE: la segunda mayor esperanza de vida, una baja mortalidad infantil, una cobertura prácticamente universal. Y es a su vez el mayor empleador de España ocupa a más de 600.000 profesionales sanitarios.

Ramón Gálvez, último director gerente del Servicio de Saludde Castilla, La Mancha (Sescam) con el PSOE, lo tiene despejado: se trata de la mayor partida de los presupuestos autonómicos (el 35% de lo que gastan las comunidades). Por eso, en plena crisis, es donde los consejeros de Hacienda quieren meter la tijera.
Aunque esta explicación puede pecar de descomunalmente fría. Así lo opina la ministra de Sanidad, Leire Pajín. La dirigente afirma que hay quien “aprovecha la crisis” para “proponer el desmantelamiento del Estado del bienestar”.

Para la ministra, este ataque no es de recibo. “El sistema no es derrochador. Otra cosa es que pueda y deba mejorar su eficiencia”, dice. “Ofrece una cobertura similar a la del resto de la UE, pero a un gasto menor”, dice. Pajín establece el costo por persona en 1.500 euros al año, frente a los 2.100 de Francia y los 2.500 de Reino Unido. Por eso, “el problema no es de costo, es de ingresos”.

De hecho, todos los gestores, y en esto coincide la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, indican que el problema no es tanto el gasto, sino de que se infrapresupuesta el sistema.

Es decir, desde 2003, año en que se completó la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas (un largo proceso que empezó en 1981 con el traspaso a Cataluña), las consejerías han presupuestado siempre por debajo de lo que luego han gastado.
Era una medida fácil de vender: la sanidad, la joya de la corona, nunca se iba a dejar desatendida. Así que si se producía un agujero se podría acudir a fuentes extraordinarias de financiación para que solucionara la situación.

Quienes así pensaban conectaban bien con la opinión de los ciudadanos. Una encuesta encargada por el Consejo General de Colegios de Enfermería recoge que un 79,4% de la población estaría de acuerdo con que “el Estado asuma sin restricciones todos los incrementos de gasto, aunque suponga más endeudamiento”. Esta confianza en el Estado central se ve también en otra de las respuestas: el 70% aprobaría que las competencias se recentralizaran.

Mutua madrileña

Escrito por angie el 29 febrero, 2012

 

Mutua madrileña gana el 164,5% más en el primer semestre, la mayor parte de los beneficios vienen de las plusvalías de la venta del edificio Edison.

Mutua madrileña obtuvo un beneficio neto de 106,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 164,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la aseguradora.

Este acrecentamiento en el beneficio se debió principalmente a las plusvalías generadas por la venta del edificio Edison. Sin estos atípicos, el resultado neto de la sociedad individual Mutua Madrileña habría crecido alrededor del 58%.

La compañía presidida por Ignacio Garralda captó entre enero y junio 135.381 nuevas pólizas de vida y no vida, un 11,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La aseguradora ha destacado que este aumento en la contratación “consolida la fase de crecimiento y confirma el éxito de la política puesta en marcha por la compañía con el plan estratégico 2009-2011″.

El saldo neto del número de pólizas de Mutua Madrileña registró en el primer semestre un crecimiento neto positivo de 59.102 pólizas, el 7,9% más.

Los ingresos totales por primas de vida y no vida de la aseguradora en el primer semestre ascendieron a 625 millones de euros, el 5% más que en 2010, mientras que los del ramo de autos aumentaron el 2,4%, frente al descenso del 1,7% experimentado por el resto del sector. En el conjunto de los seguros no vida de Mutua Madrileña (autos y hogar), los ingresos por primas se incrementaron en el primer semestre el 2,9%.

Por su parte, la cifra de ingresos agregados por primas de los diferentes ramos aseguradores en los que opera el grupo, y que incluye el área de salud, alcanzó en los seis primeros meses del año los 840 millones de euros, el 6,4% más.

En lo que respecta al ratio de solvencia no vida de Mutua Madrileña, se situó en el 1.978%, casi 20 veces el mínimo exigido por la Ley, mientras que el patrimonio neto asciende a 3.462 millones de euros, lo que, en opinión de la aseguradora, además de situarla como “líder europeo en solvencia, evidencia su sólida capitalización y solvencia, factores especialmente importantes en el entorno económico actual y mucho más en el futuro próximo, cuando entren en vigor las nuevas exigencias de capital de Solvencia II”.

Por lo que se refiere al ramo de salud, Aresa, que se encuentra en proceso de integración con Adeslas tras la compra del 50% de ésta por Mutua Madrileña y su toma de control, aumentó su volumen de ingresos a junio un 10,2%, hasta los 109,6 millones de euros.

Reforma del sistema sanitario y enfermedades

Escrito por angie el 29 febrero, 2012

 

La reforma del sistema, unida a políticas de salud pública orientadas a evitar enfermedades derivadas del tabaquismo o la obesidad, cuya atención representa el 7% del gasto sanitario español, unos 2.500 millones de euros, será visible a largo plazo.

Pero sin duda ninguna la apuesta más eficaz para salvar la sanidad pública es lanzarle un balón de oxígeno en forma de ingresos adicionales.

El secretario general de Sanidad señala: “Tendría que hacerse vía impuestos con afectación finalista, reforzando cualquiera de los que hoy existen, para sustentar la sanidad”, atestigua.

Una tesis que comparte Llamazares. “Para unos servicios públicos del siglo XXI necesitamos una fiscalidad del siglo XXI. Se podrían incrementar los impuestos generales para dirigirlos a la sanidad. Pero también que se consagrasen a ello aquellos que gravan el tabaco o el alcohol”, expresa.

Una opción que no contrariaría a los ciudadanos. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Semergen, el 76% de los españoles están dispuestos a pagar más impuestos en el tabaco y el alcohol, siempre que ese dinero añadido fuera dirigido a sufragar el déficit del sistema sanitario.

Esta medida, sin embargo, no sería válida para la organización actual. Ahora mismo, las comunidades financian la sanidad pública mediante una cesta recaudada a través de impuestos que les entrega el Estado para pagar los servicios básicos como por ejemplo educación, sanidad, dependencia, etc. Sin embargo, es cada autonomía la que decide qué parte de esa cesta dedica a sanidad.

Un sistema que la mayoría de expertos se muestra partidario de modificar. “Que el dinero reservado para sanidad vaya para sanidad. Es necesario que el presupuesto sea finalista”, dice Freire. No por casualidad, las comunidades con más gasto en este servicio por habitante, como Navarra, La Rioja o País Vasco, son las que menos deuda tienen con los proveedores.

Nadie tiene dudas de que hay que aportar más fondos a un sistema que además de velar por el bienestar de los ciudadanos crea riqueza, formación, puestos de trabajo. Pero incrementar los tributos se hace difícil a corto plazo y hay que buscar otras fórmulas para arañar presupuesto.

El ex presidente del Gobierno Felipe González se mostraba más partidario de explorar otras vías ajenas a los recortes sanitarios: suprimir algunas Diputaciones provinciales y que ese dinero fuera dirigido a incrementar el gasto sanitario en uno o dos puntos.

“Tenemos que hacer una política de ajustes de las cuentas públicas”, dijo en una entrevista a la SER. Su partido, el socialista, tardó poco en recoger la idea y plantear la sustitución de las diputaciones por modelos administrativos más reducidos para que los pequeños municipios puedan mancomunar sus servicios. Algo que no parece convencer al Partido Popular.

Al margen del debate sobre si es o no sostenible, la sanidad pública necesita un impulso para conservar su calidad. Y sobre todo precisa un pacto político común que la saque de la discusión política y de ser el arma arrojadiza de unas Administraciones contra otras.

La sanidad pública y el copago

Escrito por angie el 29 febrero, 2012

 

Esta fórmula que pasa por que los ciudadanos aporten una cantidad al usar los servicios sanitarios. España es el país de la OCDE en el que más se va al médico (ocho veces frente a cinco en Reino Unido); un argumento habitual de los partidarios del copago, que aseguran que si no se pone coto, las cifras seguirán subiendo.

Los ciudadanos son conscientes de que se abusa de la visita al médico. La organización del sistema, sin embargo, no ayuda a lo contrario. Muchas consultas se podrían evitar para los enfermos crónicos con el desarrollo de la receta electrónica.

“El impulso a las consultas de médicos de familia, que tuvieran más autonomía en la gestión y más capacidad resolutiva ayudaría. Evitaría derivaciones al especialista, pruebas inútiles y visitas innecesarias a urgencias”, apunta la coordinadora de Política Sanitaria del PP. Por no hablar de la necesaria reforma del sistema de bajas, que obliga a alguien que ya sabe que estará ausente de su trabajo durante tres meses a renovar y recoger los papeles cada 15 días.

Aunque muy luchado, el copago es una medida impopular que los políticos temen aceptar abiertamente. Lo han hecho pocos, la mayoría, como la ex consejera de Sanidad catalana Marina Geli, en el ámbito autonómico.

Y si lo han hecho a nivel estatal, como el que fuera secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, han tenido que recular. “No estamos hablando de copago, sino de repago. Los ciudadanos ya financian la sanidad a través de sus impuestos”, expresa Llamazares.

Pero la medida, que ya aplican otros países de Europa con diversos resultados, se analiza, FAES, la fundación que preside José María Aznar, está elaborando por encargo de Mariano Rajoy un informe que estudiará la viabilidad de la medida, y se ha analizado.

El secretario general de Sanidad asegura que los resultados no son buenos: “No es rentable. Un copago de bajo precio (unos cuatro euros) podría generar unos 700 millones de euros al año.

Eso no es la solución para la sostenibilidad del sistema. Y además traería problemas porque algunas personas no usarían los servicios sanitarios por no afrontar el pago, lo que generaría males que a la larga sería más caro solventar”. Así, el copago no convence, ni como elemento recaudador ni como fórmula disuasoria al abuso.

Del debate que promueve sí brota, sin embargo, la necesidad de remodelar el sistema sanitario para dar respuesta al cambio en la población, cada vez más longeva. “Los servicios deben reorientarse y dejar de estar centrados en la atención de enfermos agudos para pasar a centrarse en los crónicos“, argumenta Sánchez-Bayle. Estos pacientes, aunque solo son el 15% del total, ocupan el 80% de las consultas en hospitales y el 15% de las camas en hospitales.

Gastos farmacéuticos y de salud

Escrito por angie el 29 febrero, 2012

 

A pesar de que el ahorro principal se ha logrado metiendo la tijera en el gasto en farmacia, Marciano Sánchez-Bayle, uno de los responsables de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, mantiene que es indispensablemente en ese punto donde se puede seguir recortando.

“España es uno de los cuatro países que encabezan la lista del gasto farmacéutico de la OCDE. Si con el impulso de los genéricos o de controlar los fondos dedicados al marketing se redujera el gasto al promedio de esos países, se ahorrarían 5.000 millones de euros”, explica.

Pero los recortes no han ido solo por ese lado. Comunidades como Andalucía o Galicia aplican desde hace un año la receta más básica para cuadrar las cuentas: no cubrir sustituciones ni bajas.

Algo que también hace Cataluña. Sus hospitales ya lo han notado. La reducción de personal y servicios ha obligado a algunos a cerrar plantas y quirófanos. El Gobierno de Artur Más (CiU) ha anunciado más estrecheces: recortará un 7% el presupuesto para sanidad, y los extranjeros no comunitarios que quieran usar los hospitales catalanes tendrán que llevar seis meses empadronados en esa región. Una polémica medida que, según los expertos, vulnera la ley de extranjería.

Llamazares, médico y presidente de la comisión de Sanidad del Congreso, cree que las políticas dirigidas a atajar el gasto en medicamentos y tecnología sanitaria son importantes, pero más allá de esa porción de la tarta, afirma que hay claros márgenes de ineficiencia en el sistema que deben corregirse y que reportarían un ahorro clave. “Las enfermedades laborales no siempre son reconocidas como tal y sus costos los está pagando la sanidad pública en lugar de las mutuas”, testifica.

Martínez Olmos reconoce ese fallo. “Se deberían gestionar mejor los accidentes deportivos o los ocurridos en los hogares, que muchas veces a pesar de tener seguro, los están cubriendo los servicios de salud.

Ocurre lo mismo con las enfermedades laborales. Esto puede mejorar. Hay que asegurarse de que se cobra a quien está obligado a pagar, no al ciudadano”, esgrime. Si las mutuas pagaran lo que deben por las enfermedades laborales, asegura Llamazares, esto supondría una descarga de unos 5.000 millones de euros para el sistema de salud.

En ese perfil de primar la eficiencia, Manel Peiro, experto en Organizaciones Sanitarias de la Escuela de Negocios Esade, propone evaluar las prestaciones sanitarias. “De esta forma, podemos ver qué funciona y qué no. Y a partir de ahí empezar a hablar. Es difícil y duro hablar de un recorte de prestaciones, pero habrá que vigilar, porque las que hay son necesarias y competentes”, indica.

Nadie discute que hay que ahorrar y ser más eficiente. La duda es cómo hacerlo bien. Y sobre todo sin que repercuta en la calidad del sistema ni en un perjuicio para la ciudadanía. Por eso asoman tantas dudas cuando se pone sobre la mesa una medida tan antigua como polémica: el copago sanitario.

Ahorro en la sanidad pública

Escrito por angie el 29 febrero, 2012

 

Los expertos hablan de un amplio abanico de medidas. La sanidad pública aún puede salvarse, pero hace falta un empujón. Y visión a largo plazo.

“La cuestión clave no es si los sistemas públicos de salud son sostenibles para la sociedad, sino si hay alguna sociedad democrática hoy en día que se pueda permitir no tener un buen sistema público de salud”, apunta José Manuel Freire, experto de la Escuela Nacional de Sanidad.

José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, tiene la respuesta clara: pese a sus deudas, la sanidad pública es perfectamente sostenible. “Tiene un costo que el país se puede permitir asumir, sobre todo con los indicadores de salud que tenemos, que en algunas áreas nos sitúan entre los primeros países del mundo”, explica.

La responsable de Política Sanitaria del Partido Popular, Ana Pastor, no opina lo mismo. No quita hierro a la deuda y considera que es uno de los factores que, si no se corrige, aboca al sistema hacia un abismo. “Hay que hacer frente a una deuda acumulada de 15.000 millones de euros.

Si no se hace y si no se garantiza una política sanitaria fuerte que genere empleo y riqueza el sistema sanitario no es viable. No es sostenible. Debemos poner en marcha, y pronto, grandes reformas”, considera.

Martínez Olmos no esconde que el sistema tiene un agujero, pero se resiste a dar números. “La sanidad siempre ha tenido deuda. Las comunidades, usualmente, han tenido déficit en esto, el problema es que hay que lograr que el sistema tenga financiación suficiente para evitar esas situaciones”, dice.

Una opinión que comparte el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, que niega tajantemente que, incluso computando el déficit -las comunidades deben solo en fármacos y tecnología hospitalaria 9.400 millones de euros-, la sanidad esté en riesgo.

El menú para acabar con esa infrafinanciación es extenso, pero las claves son simples, según los expertos: medidas eficientes de ahorro y mejor distribución del gasto; y dedicar a la sanidad ingresos adicionales.

Gobierno y comunidades han trabajado primordialmente en la primera fórmula, encaminada, sobre todo, a recortar el gasto farmacéutico y de productos sanitarios. Con las recientes medidas, las Administraciones han ahorrado 1.275 millones, según Sanidad.

Una cantidad a la que hay que sumar otros 1.384 millones, derivados del recorte en gastos de personal, se redujo el sueldo a médicos y enfermeras un 5%, igual que al resto de empleados públicos,. Ambas acciones suman 2.500 millones de ahorro que parecen una bonita cifra, pero que representan solo el 5% del gasto sanitario.

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